Este 31 de julio se conmemora el Día del Periodista Salvadoreño. La fecha no es caprichosa: la fijó la Asamblea Legislativa en 1969, mediante el decreto 380, en honor a la aparición del primer periódico del país, el Semanario Político Mercantil de San Salvador, que circuló el 31 de julio de 1824 bajo la dirección del presbítero y doctor José Matías Delgado.
Doscientos dos años después, la efeméride dista de ser una jornada de festejos oficiales o de homenajes protocolarios. El oficio periodístico atraviesa una de sus etapas más restrictivas de la era democrática reciente, en un contexto marcado por la concentración de autoridad, un régimen de excepción prolongado y una creciente hostilidad hacia el escrutinio público.
El periodismo frente al discurso oficial
El ejercicio periodístico independiente cumple una función elemental: fiscalizar el poder, documentar decisiones públicas y ofrecer contrapesos frente a las narrativas hegemónicas. Sin embargo, informes de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y de organismos internacionales de derechos humanos han registrado en los últimos años un incremento sostenido de las agresiones, los señalamientos desde tribunas gubernamentales, el acoso digital coordinado y las restricciones de acceso a la información pública.
El uso recurrente de etiquetas para deslegitimar las investigaciones sobre la gestión pública, sumado a la opacidad en el manejo de fondos estatales, condiciona gravemente el entorno informativo. Cuando el trabajo sobre finanzas, seguridad o institucionalidad es calificado sistemáticamente de conspiración o desinformación, el daño no recae solo en la redacción señalada: recae en el derecho de la ciudadanía a saber.
Los costos del control y la autocensura
Las garantías constitucionales y el marco legal para el libre ejercicio de la prensa se han visto erosionados por reformas legales y por dinámicas de vigilancia. Las consecuencias son tangibles:
Exilio forzado. Decenas de reporteros, editores e investigadores han tenido que abandonar el país para resguardar su libertad ante eventuales represalias legales o detenciones arbitrarias.
Acoso y estigmatización en redes. Las campañas dirigidas en entornos virtuales buscan desgastar moral y profesionalmente a quienes informan, con un impacto desproporcionado sobre las mujeres periodistas.
Bloqueo a la información pública. La reserva sistemática de datos oficiales y el desmantelamiento de los mecanismos de rendición de cuentas impiden contrastar la versión del poder.
El mayor riesgo de este ecosistema hostil no es la censura abierta, sino la autocensura: un fenómeno silencioso que vacía el debate público y le quita a la sociedad la capacidad de evaluar de manera informada las decisiones de quienes la gobiernan.
La vigencia del compromiso informativo
Pese a la presión institucional, la asfixia económica sobre los medios independientes y los riesgos personales, la prensa salvadoreña sigue realizando coberturas fundamentales sobre la realidad social, económica y política del país. Que el periodismo de investigación persista —incluso desde el exilio o mediante alianzas transfronterizas— demuestra que la búsqueda de la verdad trasciende las coyunturas y los gobiernos de turno.
La propia APES lo ha dicho con claridad en su campaña por esta fecha: no queremos felicitaciones, exigimos que se respete nuestra labor. Este 31 de julio, el reclamo de la prensa salvadoreña no es recibir saludos vacíos, sino el respeto pleno a las garantías constitucionales de libertad de expresión y de prensa.
Garantizar un ambiente seguro para el ejercicio del periodismo no es un privilegio gremial. Es una condición indispensable para la pervivencia de cualquier Estado de derecho.
Este texto expresa la posición editorial de Pluma Libre.