WASHINGTON / SONSONATE. El 9 de septiembre, dentro de 33 días, unos 170,000 salvadoreños se quedan sin el Estatus de Protección Temporal que los ampara desde hace 25 años. Sus hijos —cerca de 150,000, nacidos allá— son ciudadanos estadounidenses y van a seguir siéndolo. Ese es el país que queda: familias partidas por la mitad, con los niños adentro y los papás afuera.

Sobre ese calendario cayeron esta semana las dos órdenes ejecutivas que el presidente Donald Trump firmó el jueves para limitar la ciudadanía por nacimiento y perseguir el llamado «turismo de maternidad». Los hijos de los salvadoreños con TPS no están en la mira de esas órdenes. Pero hay una categoría, dentro de una de ellas, que a El Salvador le toca de una forma que no le toca a casi ningún otro país.

Lo que la Corte Suprema ya resolvió

El 30 de junio, en el caso Trump contra Barbara, la Corte Suprema tumbó de fondo la orden ejecutiva 14160 por seis votos contra tres, en una ponencia del presidente del tribunal, John Roberts. Los jueces Clarence Thomas, Neil Gorsuch y Samuel Alito votaron en contra.

La mayoría sostuvo que la Decimocuarta Enmienda garantiza la ciudadanía a prácticamente toda persona nacida en Estados Unidos, sin importar el estatus migratorio de sus padres.

Eso deja resuelto lo de los 150,000 niños: no se les toca por lo que sean sus papás en el papeleo migratorio. Las órdenes del jueves van por las excepciones que la propia Corte dejó en pie —hijos de diplomáticos, partos gestionados con visas obtenidas mediante engaño— y por una tercera que conviene leer con cuidado.

La categoría que sí nos toca

Una de las órdenes amplía una excepción constitucional histórica —pensada para los hijos de ejércitos invasores— y la extiende a los hijos de integrantes de grupos que el gobierno federal clasifique como organizaciones terroristas o enemigos extranjeros.

Los medios estadounidenses ilustran esa categoría con China y Rusia. Para El Salvador la lista es más cercana: la MS-13 fue designada organización terrorista extranjera el 20 de febrero de 2025 y el Barrio 18 el 24 de septiembre de 2025. Las dos nacieron entre migrantes salvadoreños en Los Ángeles.

La pregunta que la orden no contesta es quién determina que alguien pertenece a esos grupos, y con qué prueba. No es una duda de laboratorio.

Lo que ya pasó con esa pregunta

En 2025, entre 238 y más de 250 personas —salvadoreños y venezolanos— fueron trasladadas desde Estados Unidos al CECOT sin cargos. Entre ellas iba Kilmar Abrego García, salvadoreño, que hasta ese momento nunca había sido acusado de un delito ni en Estados Unidos ni en El Salvador. El propio gobierno estadounidense terminó reconociendo que su deportación fue un error, y una orden judicial obligó a regresarlo.

Familiares de otros deportados de aquel grupo resumieron el criterio con el que se los llevaron en una sola frase: «todo fue por los tatuajes».

Nada en las órdenes del jueves dice que se vaya a aplicar así. Pero cuando una norma le entrega al Ejecutivo la facultad de decidir quién es «enemigo extranjero», el antecedente de cómo se ejerció esa facultad la última vez es información pública y pertinente.

Los 33 días

Mientras tanto corre el reloj que sí tiene fecha. Cuando el TPS venza, esos 170,000 salvadoreños pierden el permiso de trabajo y la protección contra la deportación. Washington ofreció cinco vías alternas —petición familiar, asilo, visas temporales de estudio o trabajo, acción diferida y residencia—, pero la investigadora Celia Medrano calcula que la mayoría no llega a la puerta.

«El noventa por ciento de tepesianos desfavorecidos por TPS actualmente no reúnen los requisitos.»

El motivo, explica, es que casi ninguno entró de forma regular, o carga con órdenes de deportación que el propio TPS mantenía suspendidas. En Sonsonate el asunto no es abstracto: buena parte de las remesas que sostienen hogares del departamento sale de gente que trabaja allá con ese permiso.

Ojo con lo que circula

Anda dando vueltas una versión de esta noticia que asegura que las órdenes «contemplan retirar la ciudadanía automática en territorios como Puerto Rico». Es falso. Los puertorriqueños son ciudadanos por ley desde 1917 y ninguna de las dos órdenes los menciona; la categoría real habla de territorios donde la ciudadanía no está conferida por ley federal, que es el caso de Samoa Americana.

Lo que viene

Especialistas en derecho constitucional anticipan demandas inmediatas en tribunales federales por posible contradicción con la Decimocuarta Enmienda. La Casa Blanca sostiene que las medidas son defendibles porque se apoyan en el combate al fraude migratorio. Trump afirmó que hay «cientos de miles» de casos de turismo de parto, sin presentar evidencia; las estimaciones disponibles varían mucho, de unos pocos miles a decenas de miles de casos al año.

Con información de la Casa Blanca, la Corte Suprema de Estados Unidos (caso 25-365), el Departamento de Estado, NPR, CNN, Telemundo, Infobae y The New York Times.