BOSTON. El juez federal Nathaniel Gorton, del distrito de Massachusetts, se negó el 5 de agosto a mantener la orden que impedía al Gobierno de Estados Unidos aplicar su nueva regla sobre la duración de los permisos de trabajo. La decisión dejó sin cobertura los documentos de los beneficiarios del TPS de El Salvador, Ucrania y Sudán que vencían el 22 de julio.
El fallo no cancela el TPS. Alcanza únicamente al documento de autorización de empleo, el permiso que habilita a trabajar legalmente. Sin ese documento, el beneficiario conserva su estatus migratorio pero no puede ser contratado ni permanecer en planilla.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) debe emitir todavía las instrucciones sobre cómo aplicará el vencimiento. Hasta que las publique, los afectados quedan con estatus legal y sin autorización para trabajar.
El origen de la regla
La norma en disputa proviene de la H.R. 1, la ley conocida como «One Big Beautiful Bill Act», aprobada en julio de 2025, que fijó un tope de un año a la vigencia de ciertos permisos de empleo vinculados al TPS.
Los demandantes alegaron que el Gobierno aplicaba ese tope de forma retroactiva sobre permisos ya otorgados, recortando la validez con la que habían sido emitidos. Gorton frenó esa aplicación con una medida cautelar en julio y el 5 de agosto resolvió no prorrogarla.
«Es sumamente importante porque afecta la estabilidad para nuestros compañeros salvadoreños.»
La declaración es de José Urías, coordinador del Comité TPS en Massachusetts, recogida por elsalvador.com antes de conocerse el fallo.
El calendario
El TPS para El Salvador rige hasta el 9 de septiembre de 2026, tras una prórroga de 18 meses que empezó el 10 de marzo de 2025. Alcanza a unos 232,000 salvadoreños.
La ley estadounidense obliga al Departamento de Seguridad Nacional a anunciar con 60 días de anticipación si un país conserva o pierde la designación. El plazo venció sin anuncio. Abogados especializados sostienen que en ese supuesto la normativa contempla una prórroga automática de seis meses.
Las remesas enviadas por los salvadoreños en el exterior equivalen a cerca del 17 % del producto interno bruto.
La posición del Gobierno salvadoreño
La postura pública conocida del Gobierno de El Salvador es que la decisión sobre el TPS corresponde exclusivamente a Estados Unidos. El comunicado institucional más visible de la Cancillería sobre el tema —en el que reafirma su compromiso con los beneficiarios y pone a disposición la red consular— está fechado en noviembre de 2022.
El 16 de julio, seis días antes del vencimiento de los permisos, el presidente Nayib Bukele se reunió a puerta cerrada con Donald Trump. No se anunció ningún acuerdo referido al TPS.
En marzo de 2025 ambos gobiernos sí formalizaron un convenio en otra materia: El Salvador recibió en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) a 238 integrantes del Tren de Aragua y 23 de la MS-13. El acuerdo consta en una carta del Departamento de Estado fechada el 22 de marzo de 2025, por un año renovable y con un pago de 4.76 millones de dólares.
Pluma Libre no ha recibido una postura actualizada de la Cancillería sobre las gestiones realizadas ante el vencimiento del 9 de septiembre. Esta nota se actualizará si la hubiere.
Con información de elsalvador.com, El Diario de Hoy, Univision, ContraPunto y el Departamento de Estado de Estados Unidos.