La investigación, elaborada tras casi dos años de seguimiento directo del conflicto iniciado en octubre de 2023, determinó la existencia de actos deliberados dirigidos a la destrucción física del grupo, con un impacto devastador en menores de edad.
El documento de 72 páginas determina que las fuerzas e instituciones israelíes incurrieron en cuatro de los cinco actos tipificados por la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948: matanza de miembros del grupo, lesiones graves a la integridad física o mental, imposición deliberada de condiciones de vida calculadas para su destrucción física, y medidas destinadas a impedir los nacimientos.
La presidenta de la comisión, la jurista Navi Pillay, enfatizó que la intención genocida se evidencia tanto en las acciones militares sobre el terreno —como el bloqueo sistemático de ayuda humanitaria, la destrucción de infraestructuras vitales y clínicas reproductivas— como en las declaraciones públicas de altos cargos del gobierno israelí.
Entre las denuncias centrales del organismo destaca la crisis humanitaria infligida de forma sistemática a los niños gazaíes, vulnerabilizados por la propagación del hambre, los bombardeos a zonas residenciales e infraestructuras sanitarias, y la falta de suministros básicos médicos y de agua potable.
Por su parte, el Gobierno de Israel y el primer ministro Benjamin Netanyahu rechazaron categóricamente el informe, calificando las acusaciones de "falsedades" y sosteniendo que sus operaciones militares se dirigen exclusivamente contra la organización Hamás y no contra la población civil.
El informe de la comisión ha sido remitido a la Corte Penal Internacional (CPI) para respaldar las investigaciones en curso sobre responsabilidad penal individual de los mandos políticos y militares.
