A través de una investigación publicada por Radio YSUCA, se ha revelado que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) mantiene deudas de miles de dólares con agricultores que abastecieron la central de abastos para los agromercados, dejándolos al borde de la quiebra.
Una promesa de ganancias que terminó en deudas
El caso de "Carlos" (nombre ficticio para proteger su identidad) refleja la cruda realidad que enfrentan varios proveedores locales. Atraídos por la promesa del ministro ad honorem del MAG, Óscar Domínguez, de obtener precios fijos y jugosas ganancias a cambio de una venta exclusiva —excluyendo mercados tradicionales como La Tiendona—, los agricultores invirtieron fuertemente en sus cosechas.
Para cumplir con los volúmenes solicitados, muchos productores accedieron a créditos en el Banco Agropecuario con tasas del 4 %. Sin embargo, tras entregar cientos de jabas de tomate desde marzo de 2026, los pagos no fluyeron. En el caso de Carlos, de una venta total de $32,000, solo recibió un abono parcial de $10,000, quedando una deuda pendiente de $22,000 que el Gobierno acumula desde hace cinco meses.
Producción insostenible y falta de transparencia
Ante la falta de liquidez, la situación se tornó insostenible:
Asfixia financiera: Varios proveedores reportan deudas gubernamentales que oscilan entre los $40,000 y $60,000, obligándolos a despedir personal, dejar de pagar sus créditos bancarios y, en muchos casos, abandonar el programa (como ocurrió con al menos 20 agricultores en la zona de Santa Ana).
Información bajo reserva: El MAG ha declarado como información confidencial los datos sobre los convenios, volúmenes recibidos, precios de compra y el padrón de productores incorporados.
Falta de respuestas: Ante las gestiones de prensa realizadas por YSUCA para conocer la postura del viceministro Óscar Domínguez y del Ministerio de Hacienda, las instituciones no han ofrecido una respuesta concreta sobre el desembolso de los fondos.
Dos caras de una misma moneda
Mientras que diversos sectores de la ciudadanía valoran positivamente los 61 agromercados habilitados en el país por ofrecer un alivio temporal a la economía familiar y precios competitivos, economistas y organizaciones sociales advierten sobre las distorsiones del programa. Expertos señalan que la iniciativa compite de manera desigual con los vendedores informales, no ha logrado frenar la inflación en las verduras y carece de la fiscalización adecuada sobre los más de $126 millones aprobados entre 2024 y 2026 para su funcionamiento.
Hoy en día, agricultores como Carlos han tenido que dejar de cultivar tomate e intentar alternativas en mercados locales, mientras continúan esperando que las autoridades salden los compromisos financieros que adquirieron bajo la confianza del Estado.
