El conflicto se intensificó a raíz de la propuesta impulsada por la mandataria de derecha, en el poder desde mayo, para reformar el sistema de justicia. Fernández ha justificado la iniciativa señalando una supuesta inacción judicial ante el marcado incremento del crimen organizado, en un contexto donde la tasa de homicidios alcanzó los 17 casos por cada 100.000 habitantes en 2025, frente a los 11,2 registrados en 2019.
La crispación política entre ambos poderes se ha agudizado en los últimos meses tras declaraciones cruzadas de alto calibre:
Postura del Ejecutivo: La presidenta Fernández tildó abiertamente a los magistrados de "golpistas", argumentando que el aparato judicial frena las medidas necesarias para combatir la inseguridad.
Reacción judicial y civil: Magistrados y sectores de la sociedad civil han alertado sobre una preocupante deriva autoritaria por parte del Ejecutivo. Críticos de la reforma sostienen que el proyecto compromete gravemente la independencia e imparcialidad de la justicia en la nación.
Las movilizaciones reflejan la creciente polarización en el país centroamericano, mientras los manifestantes exigen el respeto a la institucionalidad y la autonomía de las magistraturas frente a las presiones del Gobierno.
