En primer lugar, Cruz señaló que la lucha de las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos es legítima al denunciar la existencia de capturas arbitrarias durante el régimen de excepción. Subrayó que otorgar medidas sustitutivas a personas que han sido torturadas o convertidas en víctimas del Estado forma parte del debido proceso, y enfatizó que esto no constituye un favor ni una concesión gubernamental, sino una obligación legal.
Asimismo, afirmó que esta situación evidencia un régimen dictatorial, argumentando que no corresponde al mandatario decidir la liberación de ciudadanos, una atribución que debería recaer exclusivamente en la administración de justicia dentro de un Estado de derecho con independencia de poderes.
En segundo lugar, la defensora abordó el uso de calificativos hacia los liberados, señalando que se les tilda de "colaboradores de pandilleros" a pesar de no haber recibido una sentencia condenatoria. Recordó que organizaciones como Unidet y Movir presentaron en su momento listados y pruebas de arraigo de personas inocentes detenidas bajo este régimen ante el comisionado de derechos humanos y la procuraduría, exigiendo que se tomen en cuenta.
Finalmente, Cruz recalcó que este escenario refleja la falta de soberanía nacional debido a la influencia de otros países en la agenda del régimen, por lo que instó a los defensores de derechos humanos a continuar y persistir en la lucha por la libertad de las personas inocentes en El Salvador.
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