SAN SALVADOR.—El Tribunal Primero de Sentencia absolvió a la ex primera dama de la República, Vanda Pignato, del delito de lavado de dinero y activos en el marco del caso judicial conocido como “Saqueo Público”. Pignato quedó libre del cargo principal que le imputaba la Fiscalía General de la República (FGR) tras casi ocho años de proceso penal. No obstante, recibió una sanción de 144 días de trabajos de utilidad pública tras ser hallada culpable del delito menor de "simulación de delitos", fallo que su defensa evalúa apelar.
Al conocer la resolución, Pignato se mostró satisfecha: "Fueron casi 8 años de mi vida interrumpida y hoy queda claro que no hubo delito y puedo regresar a mi vida normal", declaró.
Fuertes condenas para exfuncionarios
A diferencia de la ex primera dama, otros exfuncionarios de la gestión del expresidente Mauricio Funes (2009–2014) sí recibieron severas penas de prisión por beneficiarse de fondos del Estado mediante prestanombres, falsificación de documentos y desvíos financieros:
José Miguel Antonio Menéndez Avelar ("MECAFÉ"): Condenado a 14 años de prisión por lavado de dinero y activos, además de defraudar al fisco por más de $3 millones del Estado y $183,000 a Hacienda.
Manuel Rivera Castro (expresidente del Banco Hipotecario): Condenado a 13 años de cárcel (8 por peculado y 5 por lavado de dinero).
Juan Carlos Guzmán Berdugo (exsuegro de Mauricio Funes): Condenado a 8 años de prisión por lavado de dinero.
David Marciano Rivas (exsecretario de Comunicaciones de Casa Presidencial): Condenado a 8 años de prisión por el supuesto lavado de $1,738,465.57.
Denuncias de irregularidades
Tras recibir su sentencia, el exsecretario de Comunicaciones, David Rivas, reafirmó su inocencia y catalogó el fallo de "injusto". Sostuvo que los 31 cheques emitidos a su nombre se usaron enteramente para pagar complementos de salario legalmente establecidos para los empleados de la secretaría y que la Fiscalía nunca quiso tomar declaración a los trabajadores. Rivas señaló directamente al exsecretario privado de la presidencia, Francisco José Cáceres Zaldaña, como el único responsable operativo de los fondos reservados y lo acusó de haber sustraído camiones con documentos oficiales de Casa Presidencial que habrían respaldado su inocencia.