Amnistía Internacional concluyó que las violaciones de derechos humanos cometidas bajo el régimen de excepción en El Salvador —detenciones arbitrarias masivas, tortura, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia del Estado— podrían constituir crímenes de lesa humanidad, conforme al artículo 7 del Estatuto de Roma, al haber indicios razonables de que se cometieron como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil.
La conclusión está contenida en el informe «Seguridad sin derechos», presentado el 15 de julio, que documenta el costo humano de cuatro años de régimen de excepción: más de 90,000 personas detenidas y al menos 470 muertes bajo custodia estatal, mientras miles de familias siguen sin respuestas sobre el paradero, la salud o la situación jurídica de sus parientes.
El informe es resultado de seis visitas de investigación realizadas entre mayo de 2022 y enero de 2025, 109 entrevistas con víctimas, familiares, abogados, especialistas y exmiembros de la Policía Nacional Civil, y la revisión de más de 80 casos individuales, expedientes y resoluciones judiciales.
«La seguridad no puede construirse sobre la arbitrariedad, la tortura, las desapariciones forzadas y la anulación del debido proceso», señaló Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, quien afirmó que las autoridades salvadoreñas «han permitido que su política de seguridad conduzca a violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos».
Un sesgo contra los más pobres
La organización identificó además un fuerte componente discriminatorio en la aplicación del régimen: la mayoría de las víctimas documentadas proviene de comunidades históricamente empobrecidas y estigmatizadas, y en los arrestos se usaron criterios como el lugar de residencia, la apariencia física, el estatus socioeconómico o denuncias anónimas sin verificar.
Amnistía Internacional exige al Estado salvadoreño un plan verificable para poner fin al régimen de excepción, restaurar plenamente las garantías del debido proceso, investigar de forma independiente las violaciones documentadas, enjuiciar a los responsables, y permitir el acceso de mecanismos internacionales de derechos humanos a los centros de detención.
El régimen de excepción está vigente desde marzo de 2022 y ha sido prorrogado mes a mes por la Asamblea Legislativa desde entonces. El Gobierno lo defiende como el pilar de la reducción de homicidios; organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, en cambio, llevan cuatro años documentando detenciones arbitrarias y muertes de personas sin vínculos con las pandillas.
El informe completo «Seguridad sin derechos» está disponible en el sitio de Amnistía Internacional.